Lima, 3 feb (PL) La Marcha por el Agua avanza hacia la costa peruana en la región norte, en su tercera jornada de peregrinaje hacia la capital peruana, invocando la defensa de las fuentes hídricas frente a la minería depredadora.

  La movilización empezó este miércoles en la región norandina de Cajamarca, a cargo de unos 200 dirigentes campesinos y de otros sectores sociales, así como ambientalistas, mientras en otras regiones se organizan movilizaciones similares.

El grupo principal se ha engrosado y suma ya miles de participantes, según los organizadores, que subrayan el carácter pacífico de la protesta, mientras el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, sosuvo que la marcha no contribuye al desarrollo del país.

El sacerdote ambientalista Marco Arana, uno de los principales líderes de la movilización, la defendió al señalar la necesidad de detener la devastación causada por la minería, principalmente en zonas como Cajamarca.

Al respecto, la marcha, en su trayecto inicial, hizo un alto en la localidad cajamarquina de Choropampa, para recordar la catástrofe registrada en el año 2000, cuando un camión de la empresa minera Yanacocha derramó mercurio tóxico a lo largo de 43 kilómetros de la carretera que pasa por el lugar.

La compañía agravó la contaminación que sigue matando y destruyendo la salud de la población lugareña, al usarla para recoger sin los debidos cuidados el mercurio derramado.

Yanacocha es también la empresa a cargo del proyecto minero aurífero Conga, de capitales estadounidenses mayoritarios, que ha provocado conflictos sociales y políticos y cuyo rechazo es el principal motivo de la Marcha por el Agua.

La movilización demanda declarar el agua como derecho humano y prohibir las actividades mineras en cabeceras de cuencas hídricas que dan origen a los ríos, porque, al contaminarlas, devasta la agricultura y afecta el suministro de agua potable.

Según los críticos del proyecto, tal es el caso de Conga, que consiste en desecar cuatro lagunas altoandinas para explotar oro en el lecho de una y usar las otras como depósito de la tierra removida, a tajo abierto.

Otros reclamo de la movilización es la vigencia plena de la Ley de Consulta, pendiente de reglamento, para que ninguna actividad extractiva pueda ejecutarse sin la conformidad de las comunidades afectadas.