“No tenemos acceso a las áreas marinas, porque la mayor parte son zonas protegidas o están en manos privadas. Los pueblos indígenas hemos ido perdiendo acceso a los territorios, en la medida en que esa decisión se volvió privilegio del Estado”, denunció el costarricense Donald Rojas. 

La queja del presidente de la no gubernamental Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, miembro del pueblo brunka, obedece a la prohibición para su pueblo y el de los huetar de ingresar a cinco de sus territorios ancestrales, tras ser declarados áreas naturales terrestres y marinas protegidas.

“Eso limita el acceso y el manejo de los recursos”, cuestionó Rojas, cuyo pueblo es uno de los ocho originarios en esa nación centroamericana de 4,8 millones de habitantes, donde hay unos 104.000 indígenas que ocupan una superficie de 3.500 kilómetros cuadrados.

Rojas es uno de los dirigentes indígenas latinoamericanos que participan  en esta ciudad balnearia del sureste de México en diferentes encuentros y foros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, que congrega entre los días 2 y 17 de diciembre a cerca de 6.500 delegados de gobiernos, de organismos internacionales, académicos y representantes de la sociedad civil.

Los indígenas solían practicar la pesca, la navegación y el abastecimiento de alimentos en esas áreas situadas en las proximidades de los océanos Pacifico y Atlántico y parte de la zona económica exclusiva (ZEE) o mar patrimonial.

El conflicto refleja como los Estados acentúan la tendencia a explotar sus ZEE, aunque al mismo tiempo estén obligados a incrementar las áreas marinas protegidas y sanear los océanos, en una contradicción que suele generar fricciones y donde las comunidades locales son frecuentes víctimas.

Tal colisión quedó en evidencia durante la cumbre mundial sobre biodiversidad en Cancún, a unos 1.200 kilómetros al sureste de Ciudad de México.

La cita cimera acoge a la 13 Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad  Biológica  (CDB), conocida como la COP13, además de otros encuentros intergubernamentales y foros vinculados a la preservación de la riqueza natural del planeta.

Las aguas costeras y las plataformas continentales son explotadas cada vez más para propósitos pesqueros, agrícolas, industriales o turísticos, al albergar recursos naturales aprovechados para un beneficio económico.

En las ZEE, que engloba la franja de 200 millas náuticas (340 kilómetros) más próxima a la costa, se practica la pesca, la navegación, la extracción de materiales pétreos y el dragado de puertos son actividades tradicionales que ahora se extienden a perforaciones en aguas ultraprofundas, minería submarina y la obtención de minerales provenientes de módulos polimetálicos.

En total, las áreas marinas protegidas abarcan casi 15 millones de kilómetros cuadrados o 4,12 por ciento de los océanos del mundo, lo que está muy por lejos de la meta de 10 por ciento, aunque  el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) resaltó en Cancún los incrementos logrados los últimos años.

La protección de aguas patrimoniales o territoriales, aquellas bajo jurisdicción nacional, sí alcanzan ya a 10 por ciento, según el “Informe Planeta Protegido 2016”, elaborado por el PNUMA y otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.