Con el lema “Nosotros defendemos a la Madre Tierra”, más de 20 organizaciones de la sociedad civil se apersonaron en la comunidad mexiquense de Xochicuautla, donde iniciaron una campaña nacional a favor de los recursos naturales.

En el mismo lugar donde policías antimotines del Estado de México destruyeron una casa y una capilla el lunes pasado –considerado por la comunidad indígena Otomí como un lugar sagrado– denunciaron que el gobierno de Eruviel Ávila y del presidente Enrique Peña Nieto mantienen una campaña violenta en contra de las comunidades indígenas.

El lunes pasado, un grupo policial del Estado de México acudió hasta esta comunidad, junto con maquinaria pesada, con la intención de hacer un camino particular para edificar la autopista que conectará la zona de Interlomas, en la Ciudad de México, y el Aeropuerto Internacional de Toluca.

La construcción del camino fue concesionada a la firma Grupo Higa, cuyo dueño es Armando Hinojosa Cantú (constructor favorecido con contratos millonarios por las administraciones de los gobernadores en turno, Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila); sin embargo, su trazo cruza ejidos comunales de la población indígena Otomí, mismos que son considerados reserva ecológica y santuario del agua.

“Parte del agua que nace en este bosque va directamente a dar a la zona de Naucalpan y a la Ciudad de México; es decir, que los habitantes de la zona este del Valle de México reciben agua de nuestros bosques”, relató a Quadratín México Fernando Gutiérrez, integrante de consejo supremo Otomí de San Francisco Xochicuautla.

También, en entrevista con Quadratín México, María Gisela Jaimes, mujer afectada por la destrucción de su casa, afirmó que el Gobierno federal pretendió pagar 28 pesos por metro cuadrado a los habitantes de esta comunidad.

“Es una burla del Gobierno; la autopista México-Toluca cuesta más de 70 pesos para cada vehículo; a nosotros nos pretenden dar 28 pesos por metro cuadrado para una obra que conectará a los vehículos en menos de 20 minutos entre la capital y Toluca; a cuesta del recurso natural básico que es el agua.

“Este bosque es sagrado para nosotros y para todos los mexicanos; es una reserva de agua para nosotros los indígenas y para quienes viven en la capital. Somos los dueños legítimos, que por varias generaciones hemos conservado este bosque, ahora, sin más, nos quitan del camino, con violencia”, denunció.

El grupo indígena es asesorado por el Centro de los Derechos Humanos Zeferino Ladrillero(CDHZL), cuyo presidente, José Antonio Lara Duque, informó que el pasado 9 de julio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto decretó la expropiación de estos terrenos.

"Nosotros interpusimos un recurso en contra del decreto de expropiación, que hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión de la obra en mención, por lo que el gobierno de Eruviel Ávila está violentando una orden la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, argumentó.

“La destrucción de las casas y del bosque causará un daño irreversible a esta zona ecológica que se conoce como el Bosque del Agua, pero sobre todo a una comunidad indígena originaria de los pueblos que se asentaron en lo que hoy conocemos como México”, recordó.