La propuesta solicita establecer una tarifa más justa, equitativa y accesible

Este martes los compañeros de la Comisión de Energía aprobaron diversos dictámenes con punto de acuerdo, en el que destaca exhortar al titular del Ejecutivo federal a evaluar la pertinencia para que municipios y organismos públicos que prestan el servicio de agua potable, sin fines de lucro, accedan a una tarifa preferencial, similar a las 9CU y 9N que se aplican al riego agrícola; planteó el diputado federal, Emilio Salazar Farías.

El documento manifiesta que se destina entre 35 y 50 por ciento del total de los egresos de los ayuntamientos al pago de estos servicios, por lo que al ser tan elevado el pago de la energía eléctrica se inhibe a que dichos cabildos o demás organismos puedan hacer inversión en el mantenimiento, rehabilitación o ampliación de sus servicios en materia de agua potable y alcantarillado.

La propuesta, explica el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la LXIII Legislatura, solicita establecer una tarifa más justa, equitativa y accesible, sobre todo para aquellas regiones que tienen altas temperaturas y donde el costo de la energía eléctrica es más elevado.

En el 2012, la tarifa de estímulo que se otorgó al sector agrícola representó cerca de 11 mil millones de pesos y en 2013 significó un apoyo de 13 mil 500 millones de pesos, monto equivalente al 18 por ciento del presupuesto total de ese año de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país existen más organismos operadores de agua potable (2 mil 688) a nivel nacional, que municipios (2 mil 457). Para 2014, sólo 60 por ciento de estos facturaron el servicio de agua, 55 por ciento lo hizo a través de una cuota fija, por lo que no se consideró el consumo y sólo ocho por ciento cobró por servicio medido.