La Asamblea Social del Agua (ASA) ha ganado alrededor de 40 amparos en contra de la empresa concesionaria del servicio de agua, saneamiento y alcantarillado, Agua de Puebla para Todos, debido a suspensión del servicio y cobros indebidos principalmente, al mismo número de ciudadanos, informó la representante de la organización, María Eugenia Ochoa.

Denunció que desde que se privatizó el servicio las tarifas han amentado en algunos casos hasta 500 por ciento. “La privatización del agua ha sido desastrosa y con efectos negativos para la población, dado que contrario a lo que prometió la empresa, no ha mejorado ni la calidad ni el servicio del agua”.

Aseguró que siguen en aumento los tandeos en diferentes colonias, además de los cortes de agua y de drenaje. “Violando el derecho humano al agua”, aseveró.

“Ratificamos nuestro compromiso con la ciudadanía de Puebla de continuar aunando esfuerzos para defender nuestros derechos frente a la empresa Concesiones Integrales que sigue abusando, incrementando tarifas, suspendiendo el servicio de agua y drenaje y violando el derecho humano al agua de los poblanos y poblanas”.

En este sentido, Ochoa destacó que el acceso al agua es un derecho humano, por lo que es necesario que el Congreso del Estado eleve ese derecho de los ciudadanos a rango constitucional como lo establece la Carta Magna.

El mes pasado, ASA anunció la entrega de mil firmas para insistir elevar el acceso al agua como un derecho humano para las personas que habitan el estado de Puebla. “A pesar de que contraviniendo el artículo 4 de la Constitución federal en septiembre del 2013 se privatizó el agua en Puebla con el voto de todos los partidos, incluida la oposición en ese momento”, acusó.

Asimismo, invitó a la campaña de recolección de firmas que hace la organización civil de forma permanente para presentar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas para México en donde se garantice el derecho humano al agua y se ponga freno a su privatización.

Cabe mencionar que la ASA desarrolló una campaña nacional que terminó a finales de noviembre para denunciar un recorte presupuestal de 72 por ciento a los sistemas de agua y saneamiento del país para supuestamente financiar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.