Al hacer un balance de los efectos que tuvo la privatización del agua a lo largo de 2016, la Asamblea Social del Agua (ASA) destacó que el servicio no mejoró, las tarifas incrementaron y la justicia federal les ha concedido la razón al ganar 45 amparos en contra de la empresa Concesiones Integrales, encargada del suministro del líquido en el centro del estado.

Además, todavía quedan vigentes entre 30 y 40 recursos legales que ha interpuesto la sociedad a través de la Asamblea, según informaron este lunes los integrantes de la organización social en una conferencia de prensa.

El abogado de la ASA, Omar Jiménez, puso como ejemplo el caso de la señora Concepción Ortega Lezama, a quien se le pretendía cobrar 88 mil pesos por retrasos y, finalmente, pagó 3 mil 492 pesos.

Sucedió lo mismo con el amparo de Daniel Espejel Rentería, quien pagaba de 160 a 180 pesos mensuales y repentinamente le informaron que debía 9 mil pesos, y cuando presentó la defensa legal le respondieron que había sido un error de redacción y solo pagó 2 mil 300 pesos.

“A Guadalupe Gómez le querían cobrar 17 mil pesos y tras un año de litigio solo pagó 6 mil pesos, entre otros casos, de los cuales todavía quedan entre 30 o 40 más”, dijo el abogado Jiménez.

Por otra parte, María Eugenia Ochoa informó que se llevó a cabo un sondeo entre la población en el que resultó que la gran mayoría reprueba el servicio y la respuesta más repetida fue que la calidad del agua no mejoró con la privatización.

Desglosó que el servicio no ha mejorado ni administrativamente ni en suministro, pues los recibos no llegan a tiempo y se redujo el abastecimiento de agua; además, la infraestructura en la que dijeron que se iba a invertir no se ha hecho y las tarifas aumentaron hasta en un 400 o 500 por ciento.

Luego de exponer el panorama, José Luis García Bello señaló que en enero comenzarán a presionar nuevamente para que entre la iniciativa en el Congreso local para considerar el agua como un derecho humano.

Especificó que se pedirá al Poder Legislativo local que al gobierno del estado y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que reconozcan que se trata de un derecho e impidan que la empresa Agua para Todos, antes llamada Concesiones Integrales, continúe realizando violaciones a los derechos humanos.