La concesión del servicio público del agua en la Ley estatal del Agua será tema de una controversia constitucional, anunció el dirigente del Partido Encuentro Social de Baja California, Luis Moreno.

Luego de señalar que en la iniciativa de ley se omitió la consulta con expertos y la sociedad, señaló que se generaron suspicacias porque "este interés tan grande y profundo del gobierno estatal para privatizar el agua, nos hace entender que hay alguien que se va a beneficiar con este negocio”.

Moreno Hernández votó en contra de esta ley promovida por el gobernador Francisco Vega y aprobada por la mayoría panista en el Congreso local y el respaldo de las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano.

El dirigente del PES sostuvo que se violaron el artículo 115 de la Constitución Política de México y varios tratados internacionales en un acto parlamentario realizado “a prisa y de madrugada” con el objetivo de negarse a convocar a foros y mesas técnicas con especialistas en el tema.

Moreno Hernández sostuvo que ha sido analizado a nivel mundial que al momento en que un servicio se privatiza comienza a encarecerse porque el empresario no ve al ciudadano como un cuenta habiente o como un consumidor, porque sólo se le trata como un cliente.

Calificó la creación de esta ley de agua como retroceso para la soberanía del estado, toda vez que a partir de que contrate a alguna compañía para que se encargue del manejo y operación del agua en los cinco municipios de la entidad se cobrarán las tarifas que quiera porque ya no estarán sujetas a la aprobación del Congreso.

El diputado consideró que se trata de un negocio redondo para las empresas que se encarguen de la desalinizadora que operará en Playas de Rosarito y Ensenada, porque “necesariamente ocupan el agua para poder producir, y luego les permitirá comercializarla a precios del mercado" y se sujetarán a la ley de la oferta y la demanda.

Advirtió que "alguien o un grupo de personas o de intereses se está llevando mucho dinero de los bajacalifornianos”, sentenció.

“En medio de una emergencia económica como la que se vive en el estado, con el incremento constante del dólar y el anuncio del Banco de México sobre el aumento a las tasas de interés, y considerando que Mexicali y Tijuana son las ciudades con mayor inflación del país, se agrava el problema del costo por metro cúbico del agua”, señaló.

Señaló que una parte de los argumentos de la controversia constitucional que se presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los relacionados con la distribución y manejo del agua que corresponde a los municipios. Con ello "vamos a corregir que los ayuntamientos recuperen la rectoría del agua”.

Hasta la aprobación de esta ley, la administración del agua estaba sujeta a empresas paraestatales.