En nuestro país, a partir de la década de los setenta, aumentó de manera significativa el número de acuíferos sobreexplotados. Actualmente, según datos oficiales, se maneja un número de 132 acuíferos sobreexplotados, esto es, acuíferos con desbalance entre la extracción y la recarga. El asunto no es menor si consideramos que de ellos se extrae aproximadamente el 49 % del agua total que se utiliza en actividades domésticas, públicas, industriales y agropecuarias.

La mayor extracción sobre la recarga es una práctica que va en contra de las disposiciones normativas, dicho de otro modo, las extracciones de volúmenes de agua superiores a las concesionadas, se explica en primer término por una sobreconcesión, esto es, se permitió, por ignorancia o indolencia, que se dispusiera de un volumen de agua superior al de la recarga natural de los acuíferos, y en el mismo sentido, pero a nivel de cada concesión, la mayor extracción de volúmenes de agua a los autorizados. Esto último es tratado con mucha claridad en el Artículo 23 de la Ley de Aguas Nacionales, en el que se "establece que el titular de una concesión o asignación en ningún caso puede disponer de volúmenes de agua superiores a los autorizados".

En las regiones áridas y semiáridas del país, que ocupan un poco más del 50 % de la superficie total del territorio nacional, los acuíferos subterráneos son a menudo la única fuente de agua o por lo menos la más estable. En estas regiones, las sequías producen daños como pérdida de cosechas, muerte de ganado y menos agua para la población. Cuando la sequía azota la región, se recurre inevitablemente a una mayor extracción de agua de los esquilmados acuíferos. México es uno de los países del mundo que más se abastece con aguas subterráneas, y muy pronto tendrá que enfrentar el reto de cubrir la demanda de más de 150 millones de habitantes.

La mala gestión de las cuencas hidrográficas que afecta la escorrentía e infiltración, así como la agricultura y la ganadería intensiva que usa el agua como si fuera un recurso infinito, se encuentran entre las causas que más afectan a las aguas subterráneas. A nivel nacional, del total de agua disponible se destina aproximadamente el 80 % a estas actividades económicas.

Aunque la información sobre la condición de los acuíferos es imprecisa, hecho que han reconocido usuarios y académicos, está planteada en los instrumentos de política pública, como el Plan Hidráulico Regional 2002-2006, el Programa Hídrico Regional 2010-2030 y hoy el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, donde se ha documentado ampliamente la existencia de una grave sobreexplotación:

"Como puede observarse el fenómeno de la sobreexplotación del agua subterránea y el deterioro de su calidad no son novedad en los lineamientos normativos y programas gubernamentales, tampoco lo son para las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas ambientales e hídricos en la región, sin embargo en la actualidad no hay evidencias de un mejor uso y aprovechamiento del agua, como tampoco las hay de avance en el restablecimiento de los acuíferos sobreexplotados o la preservación de los que se encuentran en situación de subexplotación."

En el terreno de las soluciones, aquí en la Comarca Lagunera y probablemente en otras regiones del país, se sigue apostando al criterio de la eficiencia a través del uso de métodos modernos de riego, esperando lograr lo que nunca han logrado: el ahorro del agua.

Ahora se pretende tecnificar el riego que se realiza con el agua de las presas, se espera una vez más ahorrar suficiente agua para disminuir la presión sobre los acuíferos subterráneos. Concediendo la duda y suponiendo que esto funcionara, lo que no queda claro ahora es cómo diantres vamos a saber que se está sacando menos agua subterránea, si como se sabe, no se cuenta con un sistema confiable de medición del agua que se extrae.

Quizá es el momento de escuchar las propuestas de la sociedad organizada, el conjunto de asociaciones civiles que integra el Encuentro Ciudadano Lagunero, hace la siguiente recomendación a la Conagua: establecer un sistema confiable de medición del volumen concesionado, basado en mediciones telemétricas, el cual ya se está probando con éxito tanto en pozos municipales como en la industria.

De no contarse con dicho sistema de medición, el destino del agua ahorrada seguirá el camino de siempre: la ampliación de la superficie de cultivo y por ende, la profundización de la crisis de agua, tanto en el sector rural como en el urbano. En este último ya de por sí con graves problemas de disponibilidad y con la concentración de arsénico en aumento.