Las fugas de agua por falta de mantenimiento a las redes hidráulicas y los hundimientos de la capital, así como la falta de recursos económicos para la inversión en la restauración, representan un importante gasto para el Gobierno capitalino, reconoció ayer el asambleísta Xavier López Adame.

Agregó que desde 2012, gracias a una iniciativa de su partido, se consagró en la Constitución el derecho humano de acceso al agua potable para todos los mexicanos y a partir de entonces, se ha trabajado para concretar las reformas aprobadas, con el objeto de distribuirla de manera equitativa, cuidarla y conservarla.

Insistió en que constitucionalmente el Estado está obligado a dar cumplimiento al derecho humano de acceso al agua, así como reconocer esa prerrogativa a las personas y grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ello, es decir; “debemos contar con la regulación y prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”, entre otros.

El legislador reconoció que la capital cuenta con un órgano regulador que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual tiene entre sus lineamientos generar proyectos y programas para la captación de agua de lluvia, la creación de pozos y zanjas pluviales, para enfrentar los retos exigidos en materia hídrica en la capital del país.

No obstante, indicó que los capitalinos viven una compleja situación en torno al agua y enfrentamos grandes retos en su distribución; “el principal es la escasez, por lo cual continuamos trabajando para perfeccionar la legislación y que el vital líquido permita el desarrollo sustentable tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas y de esta manera crear alternativas para el abastecimiento de los habitantes de la ciudad”, enfatizó.

En este sentido, dijo que otro de los retos es vigilar que no se contaminen las reservas de agua que existen en la ciudad, de tal forma que el agua suministrada para consumo humano, cumpla con las normas oficiales mexicanas, así como la prevención y remediación de los efectos adversos que la contaminación pudiera generar en la salud y el ambiente.

Finalmente, llamó a los jefes delegacionales para que establezcan como política pública permanente el uso racional del vital líquido, y aseguró que el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía garantizará el derecho humano al agua para las presentes y futuras generaciones en la capital del país.