CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario del PRD Francisco Xavier Nava Palacios se pronunció por un marco regulatorio claro que establezca responsabilidades a todos los concesionarios y asignatarios del agua.
Advirtió, se informó en un comunicado, que la nueva Ley General del Agua debe ampliar las atribuciones y facultades de los gobiernos locales, que no mezcle ni confunda la participación privada con la ciudadana y que esté orientada por estrictos criterios de sustentabilidad.
Aseguró que la obligación constitucional que tiene este Congreso para expedir una Ley General de Aguas -en el marco del cumplimiento del Derecho Humano al acceso al agua y del Derecho Humano al saneamiento de la misma- es una inmejorable oportunidad para imprimir estos criterios en una nueva legislación.
El parlamentario dijo que para alcanzar esta adecuada y eficaz gestión no existen soluciones únicas: “el peor escenario para un debate que pretenda generar los acuerdos necesarios para la construcción de una nueva disposición legal es la polarización de posturas y el predominio de intereses facciosos y de dogmas”, añadió.
Durante el Foro Retos y Oportunidades del Sector Hídrico en México, Ramón Aguirre Díaz, presidente de ANEAS, dijo que hay que reconocer al agua como un recurso limitado que requiere infraestructura, operación y mantenimiento, así como garantizar una inversión suficiente para su cobertura y mantener una calidad en el servicio.
El presidente de Ciudad Posible A.C., José Luis Luege Tamargo, advirtió que los efectos del cambio climático son reales, pues el incremento de la temperatura media en el mundo tiene efectos en la disminución de las cosechas, afecta arrecifes y provoca sequías, y entre otros efectos negativos está el deshielo de los polos. También aseguró que se está perdiendo constantemente la disponibilidad del agua, por lo que es necesario definir una política de seguridad hídrica.
Nava Palacios comentó: hemos podido corroborar con las intervenciones de los ponentes y de los asistentes, que la adecuada y eficaz gestión del agua en nuestro país -tanto a escala metropolitana y municipal como a escala nacional- es un asunto por demás complejo y que requiere de la interacción de múltiples factores y actores.
“Nosotros estamos convencidos que se debe privilegiar el acceso para consumo personal garantizando el derecho humano y que esa primacía va más allá del mero orden de prelación o el establecimiento de un mínimo vital. Los mecanismos jurídicos de tutela y protección del derecho al agua son mucho más vastos”, sostuvo.
Y precisó: Lo justo es empezar por el cumplimiento del derecho humano al saneamiento del agua, cuyo desarrollo en una futura Ley deberá constituirse en pilar de la sustentabilidad.
