Esta semana el Inegi dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2015, el cual tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de esas instituciones públicas en materia de administración, seguridad pública, justicia municipal, agua potable y saneamiento, y recolección de residuos sólidos urbanos. Sin duda esa información es un avance para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de esas instancias de gobierno que se caracterizan por una enorme opacidad; en buena medida, por la falta de recursos financieros y presupuestales para realizar una adecuada gestión.

La temática del censo –el cuarto que se elabora— refleja las responsabilidades de los municipios establecidas en el artículo 115 Constitucional, lo que permite aproximar una evaluación de las grandes ineficiencias del modelo de administración pública que tiene el país:municipios con responsabilidades relevantes, sin instrumentos ni recursos para cumplirlas. En la medida que el censo también aporta información de las delegaciones del Distrito Federal, será una 'línea base' de comparación para la futura gestión de las demarcaciones territoriales que se integrarán a partir de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Veremos que tan 'exitoso' resulta el nuevo estatus de la capital a partir de números duros y no sólo de declaraciones y buenas intenciones, como ha sido el caso hasta hoy.

En materia de provisión de servicios urbanos de agua potable y saneamiento, lamentablemente el censo confirma el desastre nacional y los escasos avances en los últimos años. Se reporta que 99 por ciento de los municipios del país contaban con servicio de agua potable de la red pública en 2014; sin embargo, según la denominada Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, 94.6 por ciento de las casas disponían de agua entubada dentro o fuera de la vivienda; y del total de hogares, sólo 68 por ciento recibían agua diariamente, 14 por ciento cada tercer día y el resto ocasionalmente en la semana. Además, en sólo 34 por ciento de los municipios se tratan las aguas residuales, lo que plantea un enorme desperdicio de recursos.

Sobresalen dos aspectos administrativos del censo. Primero, que existen más organismos operadores (dos mil 688) a nivel nacional que municipios en el país (dos mil 457), lo que habla de una gigantesca y costosísima burocracia para administrar el agua.

Segundo, y más grave aún, en 2014 sólo 60 por ciento de los municipios facturaron el servicio de agua, de los cuales 55 por ciento lo hizo a través de cuota fija, lo que no considera el consumo, y únicamente 8.0 por ciento por servicio medido. Lo anterior se traduce en una falta de racionalidad en el consumo y no permite que el sistema de precios refleje la escasez o abundancia relativa del líquido. Del total de municipios, 40 por ciento aumentó la tarifa del servicio en el último año y 29 por ciento lo realizó con base en el incremento de gastos de operación, sin recuperar inversiones. Ello explica el pésimo servicio que otorga buena parte de los sistemas de agua potable en el país.

Los diversos esfuerzos de la sociedad civil y de algunos ámbitos del gobierno –el más emblemático es el reconocimiento a las mejores prácticas en el cobro pago del agua a organismos operadores que otorga la Fundación Gonzalo Río Arronte desde 2012, con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua– son claramente insuficientes. No sólo se requiere impulsar una verdadera cultura del agua; se necesita una redefinición integral de todo el sistema financiero que la regula.