Que existen 11 resoluciones judiciales en contra del acueducto Independencia, además del importante peritaje antropológico, realizado por el Instituto de Antropología e Historia en 2015, que propuso eliminar, cancelar o cerrar el acueducto, fue un aspecto central de la ponencia presentada por el doctor José Luis Moreno, investigador de El Colegio de Sonora, en las XI Jornadas Internacionales, Historia, Patrimonio y Frontera, el pasado 4 de mayo en la ciudad de Tijuana.
Asimismo, señaló las violaciones a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en mayo de 2013, documentadas en el texto Una sentencia fallida elaborado por la Misión Civil de Observación en 2014, hizo un recuento de los acontecimientos más importantes del conflicto en los ámbitos social, legal, económico y político de 2010- a 2016 y planteó algunas hipótesis sobre su desenvolvimiento futuro en su texto titulado “El acueducto Independencia: seis años de conflicto”.
En su intervención en el evento realizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, el doctor Moreno destacó las diversas manifestaciones de rechazo a la obra, como plantones, marchas, bloqueos y las dos caravanas de indígenas yaquis a la Ciudad de México, la detención y encarcelamiento de los líderes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, así como las continuas amenazas y el hostigamiento a los miembros de la tribu, documentados en un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2016.
Comentó que el acueducto funciona al 25 por ciento de su capacidad y el volumen de agua extraído a la fecha es de 80 millones de metros cúbicos. Dijo, además, que el costo actual de su operación no lo pagan todavía los consumidores de la ciudad de Hermosillo, sino el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua.
Describió los impactos electorales que tuvo la obra del acueducto en los procesos de 2012 y 2015, y la forma en que la contaminación del río Sonora ocurrida en agosto de 2014 se vincula con el conflicto por el acueducto Independencia.
Por lo que se refiere al río Sonora, resaltó los plantones, bloqueos y manifestaciones de la población afectada, entre los que sobresalen la toma de la planta de rebombeo “Los Patos”, de Buenavista del Cobre en Cananea, la detención de participantes en un bloqueo carretero (enviados al penal de Nayarit) y las muertes no aclaradas de una líder del Movimiento “Todos Unidos contra Grupo México” y de Carmen Pellat Sotomayor, cronista de Arizpe.
Al final mencionó las irregularidades identificadas en materia de impacto ambiental en diversas obras construidas en las cuencas de los ríos Sonora y Yaqui como una presa en un rancho del exgobernador del estado cerca de Bacanuchi, un ramal norte y una planta potabilizadora en Hermosillo, una granja acuícola en el vaso de la presa El Novillo y un desarrollo inmobiliario en el vaso de la presa Abelardo Rodríguez.
Como hipótesis, José Luis Moreno planteó que actualmente se está en la etapa del pre-conflicto, que se agravará cuando se presenten los periodos de baja precipitación pluvial en ambas cuencas, y que la propuesta de nueva Ley de Aguas Nacionales que se discute en el Congreso de la Unión, es una amenaza seria para las comunidades más vulnerables.
Apuntó que el interés de las autoridades federales y estatales por presentar la obra del acueducto como un hecho consumado y dar carpetazo institucional a la problemática del río Sonora no resolverá las demandas y conflictos sociales, y que lo más probable es que se mantengan y adquieran un nuevo impulso de cara a las elecciones de 2018.
