Desde México hasta la Patagonia, las operaciones de fracking se están dispersando con la promesa de acceso a nuevas reservas de hidrocarburos que permitan mantener las altas tasas de extracción el gran tema es que no se han tomado en cuenta los riesgos sociales y ambientales que conlleva.

Así lo advierte la Alianza Latinoamérica Frente al Fracking en su más reciente estudio, en el cual se retoma que Puebla, junto con Veracruz, son los estados de México que más han sido asechados por la fracturación hidráulica o fracking por las reservas que se encuentran anidadas en pozos no convencionales.

En el informe “Última Frontera: Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina” se precisa que el impulso a este método fueron los informes sobre reservas no convencionales publicados en 2011 y 2013 por la Administración de Información Energética de Estados Unidos sobre el gas y el petróleo de lutitas a nivel global, en donde se puso énfasis en los países latinoamericanos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México.

Pero las reservas no convencionales solo pueden cuantificarse con la perforación y fractura de los pozos y los datos que difundió Estados Unidos no han sido evaluados bajo este método, en consecuencia “el avance del fracking en la región se realiza a ciegas”, como lo afirma el estudio.

En México, el gobierno federal ha impulsado la explotación de hidrocarburos no convencionales como los que se encuentran en yacimientos de arenas compactas y que es el caso del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) que comprende los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz, éstos fueron detectados desde 1926, pero su explotación comenzó́ hasta el año 2006, se vio intensificada con la reforma energética de 2008 y aún más con la reforma de 2013 en la que se incluyó al fracking como principal argumento para la privatización del sector.

Con este marco legal en 2014 la Secretaria de Energía entregó nuevas áreas a Petróleos Mexicanos para explorar en este tipo de yacimientos, y publicó sus planes de otorgamiento de contratos a empresas para llevar a cabo exploraciones en los cinco años siguientes, que muestran que los principales estados afectados por esta actividad son Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí́, Hidalgo y Chihuahua.

Es así que empresas como Dowell Schlumberger de México; Grupo Kualamex; Halliburton de México; Hot Hed Oil Tool; Qmax; Southern Schlumberger; Wood Group Pressure; Weatherford de México; PD OilField Services México; Top Multiservicios Petroleros; The Mudloggin Company Mexicana; han llegado a trabajar a México.

Poca producción

Con el argumento de revertir la caída de la producción del petróleo en 2004 inició la perforación en la región del ATG y aunque ha sido uno de los proyectos petroleros que más inversión pública ha recibido, está lejos de cumplir las expectativas de producción que en 2006 se calcularon en 470 mil barriles de diarios de petróleo y 931 millones de pies cúbicos diarios de gas.

La realidad es que en 2016 la producción diaria de petróleo asciende a 40 mil barriles y la de gas a 144 millones de pies cúbicos. La productividad por pozo también va a la baja, el estudio apunta que en 2008 se llenaban 41.6 barriles por día y para el presente año se logran 17.5.

La caída en la extracción implica que se tengan que perforar un número creciente de pozos para poder mantener la producción, lo que conlleva la ocupación extensiva del territorio, y el desplazamiento de la población y las actividades productivas de las zonas afectadas; así́ como el uso y contaminación intensivos de bienes como el suelo, el aire y el agua, con las consecuentes afectaciones a la población, mayormente indígena y campesina, y los ecosistemas de estas regiones, alerta el informe La Última Frontera.

Al ser esta situación generalizada en Latinoamérica, la Alianza instó a los gobiernos a aplicar el principio de precaución ante los daños irreversibles que ocasiona el fracking en la salud de las personas, el ambiente y el clima. Y al aplicar el principio de precaución, concluye, los estados deben prohibir el fracking en sus territorios.

El informe explica que el fracking resulta perjudicial debido a que consiste en la inyección de grandes volúmenes de agua mezclada con productos químicos y arena para romper rocas en donde está almacenado el hidrocarburo, esto permite la salida del petróleo al pozo, mientras que el subsuelo queda prácticamente desecho. La técnica provoca la disminución de disponibilidad del agua y también la contaminación del vital líquido, ya que un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua.