En el mes de diciembre próximo se cumplen tres años de la aprobación de la reforma energética, y desde entonces ha aumentado el acecho a territorio, y la inseguridad en Puebla, que es uno de los nueve estados que concentran las mayores reservas de hidrocarburo.

Con esto Puebla está en riesgo de convertirse en estado petrolero y, en consecuencia, tener alto índice de inseguridad por parte del narcotráfico, como otros estados productores y como se indica el documento “El sector hidrocarburos en la reforma energética: retrocesos y perspectivas”, desarrollado por el centro de análisis e investigación Fundar, que se difundió está semana.

El estudio señala que México cuenta con abundantes recursos petroleros y su explotación lleva realizándose con diferentes niveles de intensidad desde principios del siglo XX y se ha acrecentado con la entrada de la reforma energética, que permite la concesión de campos petroleros.

Pero al paso de los años la actividad petrolera no se ha traducido necesariamente en desarrollo para los estados donde se realiza, y aunque Pemex señala que transfiere recursos económicos para promover el desarrollo sustentable y promover la integración de acciones, que armonicen la operación y crecimiento de del mismo en su entorno, la realidad de las zonas petroleras es muy diferente.

México cuenta con nueve estados donde se concentra la mayoría de la producción de crudo y gas: Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León y Coahuila, y de acuerdo con el estudio, los estados con mayor crecimiento económico no son los petroleros, sino los dedicados a la manufactura y el mercado interno.

Por el contrario, todos los estados en los que se realiza actividad petrolera cuentan con alto índice de inseguridad por parte del narcotráfico.

Ejemplo de esto son los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas, que concentran buena parte de la exploración y producción de petróleo y gas, pero los tres se encuentran por debajo del Índice de Desarrollo Humano del país y, en particular, Chiapas es el estado que está en último lugar.

Ahora bien, los recursos naturales que se encuentran en la región de la Sierra Norte de Puebla, así como en Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, son considerados como no convencionales y en consecuencia se deben extraer mediante la fracturación hidráulica, técnica altamente dañina que pone en peligro la vida humana, los ecosistemas y el clima; como la considera el documento.

“Además, la actividad industrial de hidrocarburos y la minería causa daños irreversibles al medio ambiente, como el agotamiento y consumo de agua, siendo las principales afectadas las comunidades, muchas de ellas indígenas o marginadas, impactando negativamente en su salud y su economía”, señala el documento de consulta.

Apenas el pasado jueves 13 de octubre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), durante su última sesión extraordinaria, concedió a Petróleos Mexicanos (Pemex) la autorización para realizar exploración en yacimientos no convencionales en cinco asignaciones, hasta por 25 años, mediante la técnica de la fractura hidráulica.

El permiso fue para perforar la cuenca petrolera Tampico–Mizantla, que la conforman los estados de Puebla y Veracruz y que juntos suman, hasta ahora, la mayor cantidad de pozos encontrados mediante la fractura hidráulica o fracking.

Lo anterior se permitió por la reforma energética que fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013, aprobada el 12 de diciembre por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 del mismo mes y año.

Así, el análisis de Fundar concluye en que la reforma energética establece una serie de mecanismos para asegurar que los proyectos puedan operar, incluso por encima de mecanismos que tienen las comunidades indígenas y campesinas para exigir sus derechos ante proyectos que pueden poner en riesgo los territorios, las poblaciones y el ambiente.