Son cada vez más las comunidades indígenas que quisieran ser ascendidas a municipio, o por lo menos a tener acceso a recursos que por ley les corresponden, porque en ocasiones no ven un solo peso debido a que las autoridades de sus ayuntamientos simple y sencillamente no las voltean a ver.

Ha habido una serie de manifestaciones como las ocurridas en los últimos 14 meses, donde unas 20 comunidades, en su mayoría purépechas, quieren seguir los pasos de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, y Nurío, municipio de Paracho, donde las autoridades locales les entregan presupuesto proporcional de acuerdo con el número de habitantes, para que sean administradas directamente por los jefes de tenencia, anexos o cualquier otra autoridad que no son cabecera municipal.

En las últimas semanas hemos sido testigos de lucha que se vive en la comunidad de Pichátaro, municipio de Tingambato que viene insistiendo en que a través de las autoridades indígenas locales se les entregue la parte de presupuesto correspondiente, pero lo más grave es que han surgido divisiones y actos agresivos entre comuneros.

Más allá de la lucha política que han emprendido los líderes del Consejo Indígena, no podemos dejar de ocultar que en la mayoría de los casos se trata de pueblos que se caracterizan por el rezago social.

Es decir, más que el pretender administrar un raquítico presupuesto, en este caso las comunidades purépechas requieren verdadero respaldo de los gobiernos federal y estatal, porque hay mucha demagogia en torno a los miles de millones de pesos que se destinan a Michoacán, cuando a las comunidades apenas si les cae una gota de agua.

Es cierto que en la entidad al menos la mitad de su población vive en pobreza, pero la mayoría de los pueblos indígenas han vivido en rezago desde hace siglos, sin contar la discriminación y el olvido por parte de los gobiernos.

Es tiempo de volver los ojos hacia ellos, que no requieren de programas paternalistas sino de acciones reales hacia el desarrollo, porque también se están cansando.