Persiste la oposición a la explotación y privatización del agua, tanto en la Huasteca, como en el Estado, el Frente Popular por la Defensa del Agua (FPDA), exige al intervención del Gobierno del Estado y del Congreso Local para evitar un desastre mayor debido a que afecta al medio ambiente de esta región huasteca.

En un documento firmado por Fernando León Martínez, representante de la CODUC en la Huasteca; por Doroteo Diez Galíndez, consejero de Morena; David Ruiz del Partido del Trabajo; Delfino García Pérez de la UGOCP y Jesús Galván Pozos de OMUS, consideran como primera acción se suspenda el proyecto Monterrey VI, que para enviar miles de litros de agua del río Tampaón al Estado de Nuevo León.

De continuar este proyecto y de hacerlo realidad, se enviarían 15 mil litros de agua por segundo al Estado de Nuevo León, que causaría daños irreversibles en la Huasteca.

Si el Congreso de la Unión aprobó la privatización del agua, es importante que el Gobierno Federal hable con la verdad, porque en 2008 se impulsó el proyecto de privatización del agua en Huixquilucan, Estado de México, en la zona centro del país, en San Antonio de Lourdes en Guanajuato, donde no tienen el agua suficiente para regar diariamente los invernaderos de brócoli, lechuga, y otras más, sin saber de dónde se extrae el agua.

En Ciudad Valles, el 23 y 24 de junio del 2005 se llevó a cabo el Primer Foro Municipal Latinoamericano del Agua, en el que se declaró la gestión del vital elemento, pero han pasado los años y no se ha hecho nada, pero en 2012, el entonces diputado federal y ahora alcalde de este municipio, fue quien anunció el proyecto Monterrey VI que se ha considerado como el "robo del siglo", porque pretende construir un acueducto para enviar agua desde el río Pánuco, donde convergen los ríos de la Huasteca, que dañaría vida humana y silvestre de San Luis Potosí.

Actualmente se enfrenta lo más grave, porque con las Reformas a la Ley de Aguas Nacionales se abre la puerta a las concesiones extranjeras, que causara abusos y despojos disfrazados de compra-venta o renta de predios a ejidatarios y comuneros y pequeños propietarios.

Algo que pocos saben es que en marzo del 2015, las comisiones de agua y saneamiento de la Cámara de Diputados avalaron el dictamen con el que se crea la ley general de Aguas que contempla que el titular del ejecutivo federal podrá otorgar concesiones para la explotación del agua hasta por 60 años, con esta ley en lugar de propiciar una política hídrica que podría garantizar el acceso al agua, pero se entiende que es para la privatización de este elemento.