Un mes después de que el entonces equipo de transición denunció un desvío de casi dos mil millones de pesos, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que el monto se triplicaría y que hay elementos para proceder penalmente contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo y varios de sus colaboradores.

El panista señaló que se ha revertido casi la mitad del llamado paquete de impunidad, aprobado en el tramo final de la administración pasada por parte de la anterior Legislatura, que fue dominada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras la comparecencia de varios integrantes del gabinete del ex mandatario, como el ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, así como de los ex directores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz, y VIP Saesa, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, la estimación del diputado local es de que hay un desvío de entre cinco mil a seis mil millones de pesos.

“Sólo en CAPA estaríamos hablando de dos mil millones de pesos”, indicó, al destacar que se desconoce el destino de los mil 50 millones que Aguakán pagó por la concesión de la distribución de agua potable y alcantarillado en Playa del Carmen, y prorrogar las de Benito Juárez e Isla Mujeres; “además, a la paraestatal le quitaron otros 500 millones de pesos”.

Y añadió que sabe que hay más investigaciones abiertas contra Borge Angulo y más ex colaboradores por el presunto desvío de recursos federales, pesquisas que están llevado a cabo la PGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El también ex dirigente estatal del PAN comentó que hay un avance del 50 por ciento en relación con el paquete de impunidad, y que las cuentas públicas de 2015, aprobadas dentro de ese intento de blindaje a Roberto Borge serían revisadas, porque los dictámenes son incompletos, pues sólo se auditó entre 45 y 55 por ciento de los recursos ejercidos.

Advirtió que la revisión completa no solamente sería por falta de personal o tiempo, y que se extendería hasta la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), por haber omitido los rubros y gastos en los que había irregularidades en sus dictámenes.

Negó que sea una cacería de brujas porque “al Congreso no le toca enjuiciar. Esa es una tarea que le corresponde a la Fiscalía General y al Poder Judicial, pero sí aportará elementos para que se lleven a cabo los procesos administrativos o penales, como deben ser”.